Descentralización y Lucha Contra la Corrupción


 Vladimir Cerrón (*)

CAPÍTULO XII

DESCENTRALIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción sigue siendo la más grande amenaza del Estado peruano, al ser causal de pobreza, subdesarrollo y muerte. ¿Cómo entender que en un país tan rico existan tantos pobres? Solamente si asumimos que en nuestra sociedad lamentablemente la corrupción se ha vuelto parte de nuestra cultura, pues esta se da en todos los niveles y en todas las instituciones públicas y privadas, por lo que la misma se ha convertido en el nuevo terrorismo del país que no se quiere combatir de manera efectiva, pues en otros países la corrupción política se sanciona con pena de muerte. Innumerables intentos para combatirla en el Perú hasta ahora han fracasado, incluyendo vergonzosamente los de la Contraloría General de la República.

Corrupción en gobiernos regionales

A raíz de los casos de corrupción y sicariato que se dieron en el Gobierno Regional Ancash, se quiso sindicar a la totalidad de gobiernos regionales como entes involucrados directamente con estos delitos. En realidad los gobiernos regionales cuentan con varios instrumentos y mecanismos que ejercen control sobre ellos, los que son: Oficina Regional de Control Interno (ORCI); Consejo Regional (9 consejeros que cumplen la función fiscalizadora); Contraloría General de la República; Defensoría del Pueblo; Consejo Nacional Anticorrupción (CAN); Procurador Público Regional; Ministerio Público; Poder Judicial; Oficina de Supervisión y Contrataciones del Estado (OSCE); Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, pero realmente estas instituciones carecen de legitimidad al haberse involucrado, algunos de sus miembros, en la corrupción.

Estas instituciones mencionadas, poseen facultades para prevenir y combatir la corrupción, medios logísticos necesarios y salarios altísimos, suficientes como para garantizar un buen trabajo, pero lamentablemente el fracaso institucional es evidente. Pese a tener estos controles, el gobierno nacionalista planteó crear una superintendencia de control a los gobiernos regionales supuestamente para evitar mayores casos de corrupción, es decir, otra institución burocrática más frente a la existencia de las mencionadas.

Hasta el momento han sido intervenidos por los órganos de la justicia y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, acusados de delitos de corrupción, los gobiernos regionales de Ancash, Tumbes, Pasco, Cajamarca, Arequipa, Loreto, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Lima Provincias y Callao, todos de la gestión 2011-2014. Actualmente existen cinco presidentes regionales presos y a esto se suma el encarcelamiento reciente del expresidente regional del Callao, Alex Kouri Buchamar, de la gestión anterior a la nombrada, por delito de corrupción. Esta coyuntura fue tomada como pretexto para insinuar corrupción institucionalizada en la totalidad de los gobiernos regionales y por ende, el fracaso de la descentralización, queriendo así consumarse nuevamente un golpe de Estado regional en el Perú.

Descentralización como estrategia de lucha

El gobierno regional socialista está convencido de que la descentralización es un aliado estratégico de la lucha anticorrupción, contrariamente a lo que plantean otras instituciones, personas y otros elementos centralistas que se comportan como voceros de los entes financieros privados. En qué consiste esta estrategia, en descentralizar hacia adentro.

Si el gobierno regional descentraliza presupuesto a sus unidades ejecutoras, estos harán un uso más racional y óptimo del recurso, a la vez contribuirán a que no se concentre la economía en la sede regional generando poderes que se pueden corromper. Asimismo, cada unidad ejecutora debe descentralizar sus recursos a las dependencias a su cargo.

Para menguar la corrupción nuestro GRJ y sus dependencias, implementaron las siguientes medidas:

  1. Las redes de salud y unidades de gestión educativas local (UGEL) de cada provincia se convierten en unidades ejecutoras, restándole fuerza económica al centralismo de la DIRESA y la DREJ, quienes manejaban los SUBCAFAES de los servidores, generándose espacios de corrupción bajo el amparo de ser entidades privadas y autónomas.
  2. Los contratos temporales o CAS, deben continuar y renovarse automáticamente. No al despido constante ni masivo porque esto abre puertas a la corrupción en el negociado de plazas.
  3. Reducción máxima del número y pago de viáticos, evitando que los funcionarios y trabajadores salgan por cualquier “comisión”, especialmente a Lima, logrando obtener en pocos días el equivalente a su remuneración mensual.
  4. Retiro de toda la telefonía móvil a funcionarios y trabajadores. Hoy todos pueden pagarse el costo de una línea celular.
  5. Retiro de la televisión por cable de las dependencias del gobierno regional. A la institución se viene a trabajar y no a ver televisión.
  6. Asignación de una sola línea telefónica al gobierno regional. Anteriormente se contaba con dos líneas para el despacho de la presidencia y las principales gerencias.

Génesis política de la corrupción

Para lograr una victoria en la lucha anticorrupción estamos obligados a cambiar la Constitución Política del Perú, y con ello el sistema neoliberal, cuyo diseño estructural está para facilitar la corrupción solamente en base a dos leyes del libre mercado, la oferta y la demanda, promotora del carácter individualista, mercantilista de nuestros derechos, privatista de nuestras instituciones y entreguista de nuestros recursos naturales.

El nuevo modo de producción inevitablemente deberá ser un socialismo moderno, respaldado por una nueva Constitución solidaria, humanista con principios y valores, rescatista de nuestros derechos e instituciones públicas y nacionalizadora de nuestros recursos naturales.

Entendamos, de una vez por todas, que la génesis de la corrupción es una responsabilidad, antes que jurídica o policial, fundamentalmente política. A la pregunta, ¿por qué fracasa el control anticorrupción en el Perú?, respondemos, porque está claro que no existe una voluntad política efectiva respecto a su abolición, lo que hace reafirmar que el país está diseñado por un organigrama corrupto sin el cual no se garantizaría la dinámica o movimiento de la cascada funcional del Estado.

Además del cambio de Constitución, se pueden sumar otras estrategias como el inicio de la descentralización económica, fiscal y tributaria; creación de una página web donde se obligue a publicar por transparencia todos los contratos ley y los TLC firmados; elección y revocatoria de jueces, fiscales y contralor de la República por voto popular; una PNP menos víctima de la politización; reforma del código penal contemplando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; reorganización del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE; simplificación administrativa en la gestión pública; ley de medios de comunicación que rompa el monopolio; eliminación de los sueldos dorados del Estado; creación de un ente contralor especial para las empresas privadas; eliminación de la inmunidad parlamentaria y de presidentes; discutir en Asamblea Constituyente la pena de muerte para los delitos más lesivos al país como el homicidio calificado, narcotráfico, traición a la patria en tiempos guerra y de paz, corrupción política de altos funcionarios del Estado, entre otros. Estamos convencidos de que si remediamos la corrupción en el país habríamos resuelto el 99% de todos nuestros problemas orientándonos a ser una gran potencia regional y mundial.

(*) Fragmentos del libro Descentralización, Revolución de Estos Tiempos.